Alejandro Moreno acusa persecución política y respalda a Maru Campos ante embates de Morena
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que resulta grave utilizar instituciones para presionar a quienes combaten al crimen organizado mientras persisten dudas sobre pactos criminales.
La confrontación política en torno a seguridad y crimen organizado volvió a intensificarse luego de las declaraciones de Alejandro Moreno en respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. El senador priista sostuvo que los ataques dirigidos contra la mandataria estatal forman parte de una estrategia de presión política impulsada desde Morena contra quienes han asumido posiciones firmes frente a los grupos criminales que operan en distintas regiones del país.
Dentro de su posicionamiento, Alejandro Moreno cuestionó que existan acciones rápidas contra actores de oposición mientras continúan sin aclararse diversos señalamientos públicos relacionados con presuntos vínculos entre integrantes del oficialismo y estructuras criminales. El presidente nacional del PRI afirmó que miles de familias mexicanas siguen esperando respuestas frente a la violencia que afecta diariamente a comunidades enteras y que, aseguró, no puede seguir minimizándose desde el poder.
Además, el senador señaló que perseguir políticamente a quienes enfrentan al crimen organizado mientras otros actores permanecen protegidos genera una percepción de impunidad profundamente preocupante para la ciudadanía. Alejandro Moreno sostuvo que el país atraviesa un momento delicado en materia de seguridad y advirtió que las instituciones deben actuar con legalidad, imparcialidad y responsabilidad, sin utilizarse como herramientas de presión política contra opositores.
Finalmente, Alejandro Moreno reiteró el respaldo del PRI a Maru Campos y afirmó que el partido continuará defendiendo a quienes, dijo, trabajan para enfrentar la violencia y fortalecer el Estado de derecho. El senador aseguró que México necesita gobiernos comprometidos con combatir al crimen organizado y proteger a las familias, no estructuras políticas enfocadas en intimidar o desviar la atención de los problemas de inseguridad que vive el país.




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