Narcomorena bajo el reflector legislativo

Alejandro Moreno acusa a Morena de encubrir al crimen organizado, promoviendo “narcogobierno” y denunciando “narco campamentos” mientras advierte sobre una amenaza estructural al Estado.

En el Senado, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, lanzó una acusación contundente: Morena se habría convertido en un “narcogobierno”, con múltiples funcionarios señalados por vínculos con el crimen organizado. En su pronunciamiento, Moreno cifró en más de 221,000 homicidios y 125,000 personas desaparecidas la factura mortal del régimen actual, responsabilizando directamente a la 4T.

El priista fue más allá al afirmar que el crimen organizado se ha infiltrado “en el corazón del Estado mexicano”, al tiempo que marcó figuras como Adán Augusto López Hernández y su hijo (Andy López Beltrán) como personas señaladas públicamente sin acciones legales efectivas. En otro ámbito, exigió que se investigara a fondo el hallazgo del llamado “campo de exterminio” en Teuchitlán, Jalisco, acusando a las autoridades de limpiar la zona, manipular evidencias y presentar una narrativa alternativa que ocultara la verdad.

La ofensiva incluyó el anuncio de denuncias formales, no solo dentro de México, sino también ante autoridades de Estados Unidos y organismos internacionales. Moreno enfatizó que esas acciones están fundamentadas en pruebas ya existentes —videos, documentos, fotografías— y buscan exponer a los “narcopolíticos” de Morena impunes.

En este contexto, las acusaciones de Alejandro Moreno no solo buscan exhibir las supuestas complicidades de Morena con el crimen organizado, sino también instalar en la opinión pública la urgencia de un cambio político profundo. Al colocar términos como “narcomorena” y “narcoterrorismo” en el debate legislativo y mediático, el dirigente priista intenta abrir un frente de presión que trascienda las fronteras nacionales, llevando el caso a instancias internacionales para forzar respuestas que, según él, el propio gobierno mexicano se niega a dar.

Sin embargo, el peso de estas denuncias no recae únicamente en la arena política, sino en el impacto que puedan tener sobre la confianza ciudadana en las instituciones. Si las acusaciones se prueban, confirmarían una grave crisis de Estado; si se desestiman sin investigaciones exhaustivas, reforzarían la percepción de impunidad que ya erosiona la democracia mexicana. En cualquier escenario, el discurso de Moreno plantea una disyuntiva clara: enfrentar de frente al crimen organizado o aceptar, por omisión o conveniencia, que siga dictando las reglas del juego político en México.