Persecución política en México: denuncian que Alejandro Moreno enfrenta una guerra judicial sin precedentes

Organismos internacionales de derechos humanos advierten que el caso del líder opositor mexicano refleja un preocupante deterioro democrático en México a causa de Morena.

Los organismos internacionales no han escatimado palabras: lo que vive Alejandro Moreno es una “guerra judicial” orquestada desde el Estado. Las acusaciones señalan que las instituciones judiciales mexicanas están siendo utilizadas para hostigar al opositor y debilitar su liderazgo, en una dinámica que mina la confianza en la democracia.

La persecución política, remarcan, no es un simple diferendo legal, sino una estrategia de poder que busca enviar un mensaje a todos aquellos que se atrevan a desafiar al gobierno en turno. El costo de esta práctica no solo lo paga el líder opositor, sino toda la sociedad mexicana, que ve reducido su margen de libertad y pluralidad política.

En este contexto, los defensores de derechos humanos llamaron a la comunidad internacional a mantenerse vigilante. Para ellos, la historia latinoamericana está plagada de episodios donde la persecución contra la oposición terminó en violencia, exilios forzados y graves fracturas sociales. El caso de México no debe convertirse en otro ejemplo de cómo se erosiona una democracia desde adentro.

Davika Bissessar y James Finis, quienes encabezan organismos con estatus consultivo ante la ONU, sostuvieron que en México se manipula el sistema de justicia para castigar la disidencia política. “Un Estado que usa las fiscalías como arma deja de ser democrático”, afirmaron.

Los activistas también expresaron su preocupación por el ambiente de riesgo en torno a Moreno y su familia. En su comunicado, advirtieron que en otros países con dinámicas similares se han registrado atentados contra opositores, razón por la cual pidieron medidas cautelares internacionales.

El caso será llevado directamente ante Ilze Brands Kehris, Subsecretaria General de Derechos Humanos de la ONU. Para los defensores, el hecho de que un asunto interno de México escale hasta estas instancias refleja la gravedad de las denuncias.

La controversia coloca al gobierno mexicano frente a una paradoja: mientras se promueve como defensor de los derechos humanos en el exterior, internamente se le acusa de criminalizar a quienes piensan distinto.