La reforma al Amparo es un “golpe autoritario” contra los derechos: El PRI Nacional respalda a Carolina Viggiano

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI advierte que la modificación aprobada en el Senado, señalada por la Secretaria General, es una medida “regresiva y recaudatoria” que viola la Constitución para obtener recursos.

El PRI Nacional ha ofrecido un respaldo total y enérgico a la columna publicada por su secretaria general, la senadora Carolina Viggiano Austria, en El Heraldo de México, donde se denuncia la peligrosa regresión que implica la reforma a la Ley de Amparo aprobada por la mayoría en el Senado. El Comité Ejecutivo Nacional suscribe la advertencia de Viggiano de que la reforma lleva la “tinta autoritaria del régimen” al reducir drásticamente la protección de los derechos humanos de la ciudadanía y alentar el incumplimiento de sentencias.

La posición del PRI Nacional se centra en dos graves acusaciones que la senadora Viggiano ha expuesto: el carácter “regresivo” en materia de derechos humanos y el fin “recaudatorio” de la reforma. El partido lamenta que las voces críticas de la sociedad civil y académicos no hayan sido escuchadas, destacando el fraude procesal que implicó la adición de un artículo transitorio “por la puerta de atrás” para hacer la ley retroactiva. La retroactividad, señalada por Viggiano, tiene un objetivo fiscal claro: el gobierno federal, al encontrarse “quebrado y endeudado” y con casi 2 billones de pesos en créditos fiscales en juego, busca desmantelar juicios ya en trámite para obtener dinero, incluso a costa de violar la Constitución.

El PRI Nacional reitera que esta acción no es casual. La maniobra, incluso con el reconocimiento de que se siguió una “instrucción de arriba”, expone el intento del partido en el gobierno de debilitar el Estado de derecho y generar incertidumbre jurídica para inversionistas y ciudadanos por igual. Al respaldar a Carolina Viggiano, el partido se posiciona como el defensor de la Constitución y de los ciudadanos que, al perder el juicio de amparo como mecanismo efectivo, quedan a merced de un poder que “se siente dueño del país” y cuya prioridad no es la justicia, sino el dinero.