La reforma silenciosa que amenaza con castigar al trabajador y al empresario
El líder del PRI Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, alerta que la nueva Ley Aduanera busca el “control total” y la criminalización del pueblo
El presidente del PRI Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, ha encendido la alerta sobre una controvertida reforma a la Ley Aduanera, asegurando que su verdadero propósito no es combatir el contrabando o el “huachicol fiscal”, sino establecer un mecanismo de “miedo, control y castigo” en manos del partido en el poder. Moreno Cárdenas acusa que esta modificación legal busca otorgar al gobierno el “control total de las aduanas” para usarlo como “arma contra quienes sí trabajan y sí cumplen”. Para el líder priista, la reforma es un retroceso que evidencia el patrón de usar la ley para “perseguir al pueblo y proteger a los corruptos”, una dinámica que el PRI Nacional rechaza categóricamente.
La preocupación central expresada por Alejandro Moreno Cárdenas radica en la intención de criminalizar errores técnicos y administrativos que son comunes en la operación diaria. El dirigente advierte que una simple omisión o una factura mal elaborada podría acarrear a empresarios, importadores o agentes aduanales una multa de hasta el 300% del valor de la mercancía, incluso si no existe mala fe. Mientras tanto, la autoridad aduanera quedaría “libre de toda responsabilidad”. Esta asimetría, según el presidente y líder del PRI Nacional, es inaceptable, ya que solo castiga a los trabajadores y a quienes mueven la economía del país, eximiendo de consecuencias a los funcionarios públicos.
Ante lo que considera un nuevo intento por convertir la ley en un “garrote en manos del poder”, el PRI Nacional ha tomado una postura de oposición frontal. Alejandro Moreno Cárdenas declara de manera “fuerte, claro y de frente” que el PRI está “EN CONTRA” y “no avalará que MORENA criminalice al pueblo trabajador”. La batalla en torno a las aduanas se suma a otros enfrentamientos legislativos, como el de la Ley de Amparo, confirmando la posición del PRI como el principal contrapeso que busca defender a los sectores productivos de un marco legal que, según su líder, está diseñado para infundir temor y centralizar el poder del Estado.



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