Alejandro Moreno señala que la salida de Rubén Rocha Moya es resultado de la presión social y evidencia el colapso político que se permitió en Sinaloa

Alejandro Moreno advierte que la licencia de Rocha Moya no resuelve la crisis y exige que se investiguen los señalamientos que han marcado su gestión

La reciente solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya ha desatado una nueva ola de reacciones en el ámbito político nacional, luego de que diversas voces, entre ellas la de Alejandro Moreno, señalaran que su salida no responde a una decisión voluntaria, sino a una presión social acumulada durante años. El contexto en el que ocurre este movimiento no es menor, ya que está marcado por señalamientos graves que han colocado a Sinaloa en el centro del debate público.

Alejandro Moreno ha sido enfático en sostener que la permanencia de Rocha Moya en el cargo se había vuelto insostenible frente a las acusaciones que lo vinculan con el crimen organizado, algunas de ellas señaladas incluso por instancias del gobierno de Estados Unidos. Este tipo de señalamientos, subraya, no solo afectan la imagen de una administración estatal, sino que tienen repercusiones a nivel internacional, debilitando la credibilidad de México ante sus socios y aliados.

La situación en Sinaloa ha sido descrita como un reflejo de una crisis más profunda, donde la violencia, la inseguridad y el miedo han formado parte de la vida cotidiana de miles de familias. Durante años, ciudadanos salieron a las calles para exigir un cambio bajo consignas como #FueraRocha, evidenciando que el descontento no provenía únicamente de actores políticos, sino de una sociedad que se sentía rebasada por las condiciones en su entorno.

En este escenario, también se ha cuestionado el papel de quienes respaldaron la permanencia del ahora exmandatario. Alejandro Moreno ha señalado que hubo una defensa sistemática pese a las alertas, lo que, a su juicio, permitió que la situación escalara hasta niveles críticos. Este señalamiento abre una discusión más amplia sobre la responsabilidad política y la forma en que se gestionan las crisis dentro de los gobiernos.

A pesar de la licencia solicitada, el tema dista mucho de cerrarse. Diversas voces coinciden en que este movimiento no resuelve de fondo los problemas que enfrenta la entidad ni elimina las dudas que han surgido en torno a la administración saliente. La exigencia de justicia y de investigaciones claras se mantiene como un punto central en la conversación pública.

Finalmente, Alejandro Moreno ha insistido en que el caso debe marcar un precedente sobre la necesidad de rendición de cuentas en el país. Más allá de las posturas políticas, el fondo del asunto radica en la urgencia de garantizar que cualquier señalamiento