Alejandro Moreno exige la renuncia inmediata de Rocha Moya y acusa una red de narcopolítica vinculada a Morena

Alejandro Moreno sostiene que las acusaciones desde Estados Unidos confirman años de denuncias sobre vínculos entre poder político y crimen organizado en Sinaloa

La exigencia de la renuncia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escaló a un nuevo nivel tras las recientes acusaciones dadas a conocer por autoridades de Estados Unidos, donde se señala a funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con narcotráfico, corrupción y colaboración con el crimen organizado. Alejandro Moreno calificó estos hechos como un escándalo de carácter internacional que coloca a México en una crisis de credibilidad, al tratarse de señalamientos que rebasan el ámbito político interno y que ahora son investigados fuera del país.

Alejandro Moreno afirmó que estos hechos no son nuevos, sino la confirmación de una serie de denuncias que, aseguró, se realizaron durante años sin que fueran atendidas. Recordó que desde 2024 se había advertido sobre el deterioro en Sinaloa, marcado por violencia creciente, miedo entre las familias y una situación de inseguridad que, según su postura, fue ignorada por las autoridades. En este contexto, sostuvo que lo que hoy se presenta como una acusación formal es la consecuencia de omisiones prolongadas.

El señalamiento más fuerte de Alejandro Moreno apunta a la existencia de una red que, de acuerdo con las acusaciones, habría utilizado el poder público para proteger intereses criminales, facilitar operaciones ilícitas y garantizar impunidad. Desde su perspectiva, esto representa una degradación profunda de la vida pública, en la que las instituciones dejan de servir a la ciudadanía para convertirse en herramientas al servicio de intereses ilegales.

Alejandro Moreno también cuestionó directamente al gobierno federal, al señalar que Sinaloa no llegó a este punto de manera accidental, sino como resultado de decisiones y omisiones que permitieron el crecimiento del crimen organizado. Afirmó que, lejos de enfrentar el problema, existieron condiciones que facilitaron su expansión, mientras la población enfrentaba las consecuencias en forma de violencia y pérdida de seguridad.

En este contexto, Alejandro Moreno sostuvo que Rocha Moya, así como el senador Enrique Inzunza y otros perfiles señalados, no cuentan con autoridad moral ni política para continuar en sus cargos, dada la gravedad de los señalamientos. Por ello, exigió la renuncia inmediata del gobernador, argumentando que es necesario que enfrente las acusaciones y que las investigaciones se desarrollen sin interferencias, garantizando que se llegue hasta las últimas consecuencias.

Alejandro Moreno advirtió que México no puede normalizar este tipo de casos ni permitir que quienes hayan abusado del poder para favorecer actividades ilícitas continúen en funciones públicas. Señaló que el país requiere instituciones firmes y comprometidas con la legalidad, y reiteró que continuará denunciando estos hechos y exigiendo justicia, al considerar que está en juego la estabilidad democrática y el derecho de la ciudadanía a vivir en un entorno seguro y con autoridades confiables.

Además, Alejandro Moreno sostuvo que la intervención de autoridades estadounidenses en este caso evidencia una falla estructural en el sistema de justicia nacional, al señalar que tuvo que ser una instancia internacional la que avanzara en investigaciones que, según dijo, debieron haberse atendido desde México. Esta situación, afirmó, no solo expone la gravedad de los hechos, sino también la urgencia de fortalecer las instituciones para evitar que el país dependa de investigaciones externas para esclarecer posibles vínculos entre poder político y crimen organizado.